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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Masochist or Murderer? A Discourse Analytic Study Exploring Social Constructions of Sexually Violent Male Perpetrators, Female Victims-Survivors and the Rough Sex Defense on Twitter”, de Sowersby, C. J.; Erskine-Shaw, M. y Willmott, D. (2022), en el que los autores realizan un análisis de publicaciones de Twitter en las que se habla sobre sexualidad, violencia, víctimas y género, teniendo en cuenta que las redes sociales, hoy en día, ayudan a modelar el pensamiento social colectivo. 

Ya hemos mencionado en varias ocasiones que la violencia sexual es uno de los grandes problemas a los que la sociedad moderna se enfrenta. Las estadísticas de delincuencia muestran la creciente prevalencia de este tipo de violencia en todo el mundo. Desde 2014, países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Irlanda han experimentado aumentos año tras año en los delitos sexuales registrados por la policía, mientras que las estadísticas en Estados Unidos revelan la misma tendencia desde 2013. 

Estos datos son desconcertantes, aunque una de las explicaciones que se propone a esto es que las tasas hayan aumentado por una mayor conciencia de los casos de abuso, entre otros motivos, por el surgimiento de campañas de concienciación y sensibilización, así como de apoyo a víctimas violencia de género y sexual, como el movimiento del #MeToo. 

También puede deberse a una mejora en la preparación de la policía para enfrentarse a este tipo de casos, sumado a una mayor voluntad de investigar estas denuncias.

Por otro lado, si bien se reconoce que tanto hombres como mujeres experimentan violencia sexual, las cifras de delitos denunciados destacan por su brecha de género, ya que, a nivel mundial, los hombres son mayoritariamente los perpetradores de estos delitos y las mujeres, las víctimas. 

En Inglaterra y Gales, las cifras revelan que el 98% de los procesados por delitos sexuales graves son hombres y las mujeres suponen el 84% de las víctimas. 

Los autores mencionan que es posible que exista una cifra desconocida de víctimas masculinas que no sale a la luz por el estigma que rodea aún a la victimización sexual masculina, y por las expectativas sociales en torno al rol de género masculino. 

Es interesante mencionar que, junto a la preocupación por la prevalencia del abuso contra las mujeres, existe una reciente cobertura de los medios de comunicación a numerosos delitos sexuales de alta gravedad, que ha llevado el tema de la seguridad de las mujeres a la conciencia pública. 

Esto deriva en una cobertura mediática que llega a las redes sociales, creando debates y generando opiniones que se hacen públicas. 

Y, a pesar de la importancia del fenómeno que rodea a la violencia sexual, hay muy poca investigación dedicada a explorar las actitudes públicas hacia ella y que se relacionen, a su vez, con “el sexo duro”. 

¿Y por qué el sexo duro? La investigación hace especial hincapié entre distinguir entre el sexo duro y la violencia sexual porque la línea que separa ambos conceptos es muy delgada. 

Este tipo de sexualidad, si bien involucra un cierto grado de fuerza o agresión, tiene como punto central el consenso. El fetichismo violento, el daño corporal, la humillación, la dominación o la sumisión, son algunas de las experiencias que pueden vivir quienes practican este tipo de sexo de forma segura, debido a su peligrosidad, que puede ser más o menos extrema. 

Para distinguir entre violencia sexual y sexo violento, lo importante es, como hemos dicho, el consentimiento. Sin embargo, hay momentos donde el consentimiento es precario, sobre todo en situaciones de trauma o con un trasfondo de abuso. 

La investigación también menciona la pornografía, con un éxito creciente de las categorías más violentas, lo que contribuye a difuminar las diferencias entre el sexo duro y las violaciones o agresiones sexuales reales. 

Por otro lado, y volviendo a la influencia mediática de las redes sociales en el pensamiento colectivo, los autores mencionan el concepto de “slut-shaming”, que en muchas ocasiones se utiliza para culpabilizar a las víctimas de violencia sexual, especialmente si son mujeres. El slut-shaming, por ejemplo, utiliza como “excusa” para la agresión sexual vivida el hecho de que una mujer haya bebido alcohol o tenga una vida sexual muy activa. Esto pone de manifiesto la necesidad de investigar sobre todos los datos mencionados, con especial hincapié en los roles de género y la influencia del sexo duro en la percepción de la violencia sexual. 

Para ello, los autores realizan búsquedas en la red social Twitter, que es una de las más populares actualmente. 

Encontraron que a menudo aparece la dicotomía “virgen-puta” para hablar de las mujeres, lo cual las categoriza de forma extrema en función de sus preferencias sexuales y construye un lenguaje negativo y difamatorio. Por ejemplo, para aquellas mujeres a quienes no les gusta el sexo duro, a menudo se las califica como “santurronas” o “aburridas”, todo lo contrario para aquellas a las que sí, a las que se insulta y humilla. Esto es muy interesante, sobre todo, porque contribuye a la culpabilización de las víctimas de violencia sexual. 

Por otro lado, se legitima cada vez más el sexo duro como una sexualidad normativa, restándole importancia a su peligrosidad potencial. 

También se extreman las concepciones asociadas a los roles de género, no sólo en el caso de las mujeres, sino también en el de los hombres, haciendo ver que está en su naturaleza biológica ser seres agresivos e hipersexuales. 

En definitiva, hace falta dedicar esfuerzos, recursos e investigación a comprender mejor el fenómeno de las redes sociales y cómo moldean la opinión pública. Además, teniendo en cuenta la magnitud del problema de la violencia sexual, entenderla, prevenirla y actuar de forma adecuada con las víctimas es una absoluta prioridad

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “A Systematic Review of Risk Factors Implicated in the Suicide of Police Officers”, de Krishnan, N.; Steene, L. M. B.; Lewis, M.; Marshall, D. e Ireland, J. L. (2022), en el que los autores realizan una investigación teniendo en cuenta la literatura previa sobre el suicidio en agentes de policía, para intentar identificar cuáles son los factores de riesgo más importantes.

Los problemas de salud mental suponen una complicación importante para aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo. Dentro de ellos, existen las conductas y/o ideas suicidas, que son una preocupación considerable para la población en general, con más de 700.000 muertes por suicidio al año en todo el mundo. 

En comunidades pequeñas y grupos cerrados, como las fuerzas del orden, los médicos, o trabajadores de servicios de emergencia, los impactos inmediatos y a largo plazo del suicidio pueden exacerbarse dado el efecto “onda” que puede ocurrir, producto de presenciar un trauma en primera persona. 

Datos de la Oficina de Estadística Nacional de Reino Unido, muestran que ha habido un total de 169 suicidios por parte de agentes de policía entre 2011 y 2019, con un promedio de aproximadamente 21 muertes al año. 

Teniendo en cuenta las estadísticas mundiales y comparándolas con las estadísticas de los cuerpos de seguridad de Reino Unido, algunos investigadores han descrito el fenómeno en este último contexto como una “epidemia” de gran gravedad.

A pesar de estas fuertes afirmaciones, otros autores han puesto en duda la clasificación del suicidio como la principal causa de muerte entre los agentes del orden. Los problemas en la evaluación y recopilación de estadísticas del suicidio, hacen que la estimación precisa del problema sea cada vez más difícil. 

Independientemente de si los agentes de policía experimentan tasas más altas de suicidio en comparación con la población general, también es algo que preocupa porque se supone que los oficiales reciben, al menos en Reino Unido (contexto de este estudio), el apoyo adecuado a través de capacitación, beneficios relacionados con servicios sanitarios y asesoramiento. 

Los autores decidieron, por tanto, en este estudio, investigar los factores de riesgo y predictores que sustentan el suicidio en este grupo de la población. 

Si bien el consenso general de expertos sostiene que la causalidad del suicidio es multidimensional, la literatura reporta tres claves, o tres niveles particulares de factores estresantes que se cree que están implicados en el suicidio consumado del personal encargado de hacer cumplir la ley: primero, aparecen factores estresantes personales o individuales; después, los factores ocupacionales; por último, los problemas organizacionales

Los estresores personales se refieren a factores internos del oficial, como trastornos mentales o consumo de sustancias. Los factores ocupacionales abarcan las demandas que se consideran parte del trabajo, como relacionarse con las víctimas y victimarios de los delitos e interactuar con el sistema de justicia. Y los problemas organizacionales comprenden preocupaciones sobre el poco apoyo que pueden recibir en algunos momentos, los deberes burocráticos y la falta de oportunidades de avance profesional en determinados contextos. Todo ello puede aumentar la probabilidad del comportamiento suicida. 

Para ahondar más sobre el tema, los autores deciden investigar sobre literatura previa relacionada con los suicidios y los agentes de policía, para poder ampliar más la información sobre los factores de riesgo. 

Se revelaron cinco factores aparentemente determinantes: el uso problemático de sustancias en un momento cercano a la muerte, la presencia de depresión e intentos de suicidio previos, diferencias en la respuesta a los traumas que pueden experimentar, exposición excesiva y prolongada al estrés relacionado con el trabajo, y la ausencia de una relación íntima estable. Cuando estos factores coexisten, parecen relacionarse con una mayor probabilidad de conductas suicidas. 

El 40% de los estudios incluidos identificaron el uso problemático de sustancias como omnipresente, y directamente relacionado. Más específicamente, los hallazgos indicaron una trayectoria creciente de consumo de sustancias en los días y horas anteriores al evento suicida. 

Los problemas de salud mental, más particularmente los trastornos depresivos y los intentos previos de suicidio, fueron identificados por la mayoría de los estudios policiales (50%). Es interesante mencionar que las mujeres oficiales reportaron puntuaciones más altas de depresión en comparación con los hombres.

También se encontraron hallazgos contradictorios que sugieren la necesidad de seguir investigando sobre el tema, ya que, en un estudio de 2004 se propuso la idea de que los oficiales con más años en el servicio policial eran menos susceptibles al estrés relacionado con el trauma y, por tanto, a las tendencias suicidas, pero existe otra opinión, que es la más predominante, y sostiene que las personas expuestas a múltiples episodios traumáticos tienen más probabilidades de presentar síntomas de trastorno de estrés postraumático. 

Por otro lado, parece ser que tener una pareja no es suficiente para considerarlo un factor de protección, sino que la calidad de la relación es lo determinante y lo que brinda en realidad la función protectora

Como vemos, hay algunos hallazgos que coinciden, pero otros que pueden generar gran debate, por lo que los autores sugieren continuar investigando y estudiando este tema, de forma que se pueda seguir arrojando luz sobre él y, consecuentemente, previniéndolo.

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Analysis of Cybercrime on Social Media Platforms and Its Challenges”, de Almansoori, A.; Abdallah, S.; Alshamsi, M. y Salloum, S. A. (2021), en el que los autores realizan un análisis de los delitos que se han cometido en los últimos años y que están estrechamente relacionados con el desarrollo de las tecnologías, internet y las redes sociales. 

El ciberespacio ha llegado a todas las partes del planeta, y es una especie de universo accesible desde todos los puntos del globo. 

Los avances en ciberseguridad, la tecnología y los métodos para proteger los softwares, redes y datos asociados a los ordenadores, han conseguido prevenir millones de ataques de personas malintencionadas y, en general, de ciberdelincuentes. 

Lo revelador es que los mayores esfuerzos de la ciberseguridad no evitan por completo los ciberataques, y por ello la necesidad de mantenerse alerta y protegerse contra estas actividades ha cobrado gran importancia en los últimos años.

Esto puede parecer sencillo, pero entra en juego un factor que dificulta enormemente esta tarea, que, además, es un fenómeno sin precedentes: las redes sociales. 

Podemos definirlas como un grupo de aplicaciones de internet que permiten crear e intercambiar contenido generado por distintos usuarios. LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat… ayudan a construir relaciones sociales y comunidades online que pueden llegar a ser muy sólidas, lo que se considera un activo de gran valor para muchos propósitos. 

Brindan muchas oportunidades novedosas para socializar e interactuar con usuarios que han redefinido el enfoque hasta antes conocido de compartir información: desde manifestar opiniones públicamente, hasta la circulación de noticias, los negocios online, pasando por la publicidad. Todo esto, debido al alcance global de internet, permite que el contenido llegue a todas las partes posibles del mundo. 

Y, a pesar de lo bueno que es esto, tiene una parte oscura y peligrosa: las personas se convierten en objetivos sencillos y obvios para los ciberdelincuentes a través de las redes sociales. 

Para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas, las organizaciones aumentan constantemente los presupuestos de tecnología y seguridad, de forma que se puedan proteger estas redes sociales, de manera que se selle la información disponible proveniente de ellas. 

Esta investigación tuvo como objetivo comprender las características de los delitos que se cometen a través de internet y las redes sociales, e identificar qué tipo de esfuerzos debe realizar la policía para controlarlos. ¿Qué tipos de ataques y delitos se están produciendo? ¿Cuál es la demografía de la mayoría de los delincuentes? 

Los autores realizaron un análisis de las diferentes plataformas de redes sociales centrándose en las amenazas y ofensivas, llegando a obtener 574 observaciones. Cada una de estas observaciones se identificaba con una persona sospechosa de haber cometido cualquier tipo de forma de delito cibernético en estas redes sociales. Se contabilizaron casos desde el 2014 hasta el 2018. 

La mayoría de delitos se produjeron en 2018, con el 28,1% del total; después, 2015 con un 20,1%. Según los datos, hubo 300 casos de fraude, 100 casos aproximadamente de pornografía infantil, y otros delitos significativamente menos relevantes estadísticamente, como el acoso o el grooming. 

Se vio que la mayoría de los delincuentes tenían antecedentes previos. Alrededor del 70% tenía antecedentes por algún delito, mientras que el 30% no. 

En cuanto a la formación académica de los sospechosos no tenía educación superior, alrededor del 70% tenía sólo educación básica, y el 30% se había graduado de algún tipo de educación superior. 

Alrededor del 61% de los delincuentes provenía de entornos muy pobres, mientras que aquellos de clase media y alta constituían el 39% restante. 

Por otro lado, la mayoría de delincuentes tenía entre 20 y 25 años, con un pico importante a los 22. Apenas había delincuentes mayores de 45 años. 

Los sitios de redes sociales online deben identificar los aspectos centrales de la conectividad humana y social a través de metodologías precisas y sólidas que garanticen en todo momento la privacidad, la protección, y que además construyan confianza entre la plataforma y el usuario. 

Los gobiernos, junto a los servicios de inteligencia, deben formarse para adoptar y enmarcar las tecnologías. La cantidad de datos que fluyen en las redes sociales se debe analizar de forma muy rigurosa. 

Otro punto importante es la toma de conciencia del individuo, ya que debe ser responsable con el contenido que comparte y las redes sociales que utiliza. 

El conocer aspectos demográficos de la mayoría de delincuentes cibernéticos puede ser de gran utilidad para las fuerzas de seguridad, ya que, de esta forma, pueden seguir una guía básica de dónde deben enfocar los recursos e investigaciones, de manera que ayudaría a identificar a los individuos con más probabilidades de ser victimarios de este tipo de delitos.

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “From verbal account to written evidence: do written statements generated by officers accurately represent what witnesses say?”, de Milne, R.; Nunan, J.; Hope, L.; Hodgkins, J. y Clarke, C. (2022), en el que los autores realizan un estudio para saber cuál es la exactitud de los agentes de los cuerpos de seguridad a la hora de transcribir los testimonios de las víctimas y testigos. 

Los testigos son fundamentales para la mayoría de casos penales, de hecho, hay muchos expertos que consideran que son los que proporcionan las evidencias con más peso en los juicios

En consecuencia, se le ha prestado mucha atención a lo largo de la historia de la psicología del testimonio, al desarrollo de técnicas que ayuden a obtener información confiable, relevante y detallada de los testigos durante sus entrevistas. 

Tradicionalmente, los testigos proporcionan sus relatos en dos momentos distintos del proceso de justicia penal: primero, cuando son entrevistados durante la investigación, y luego cuando prestan declaración durante el juicio.

La declaración escrita que se produce cuando el entrevistador asimila la información proporcionada por el testigo en ese primer momento, es un elemento clave para la investigación que debe ser una representación precisa de lo que el testigo informa. 

El sistema de justicia penal confía precisamente en la precisión de este documento para evitar decisiones judiciales mal informadas.

La producción de declaraciones escritas a menudo se lleva a cabo al mismo tiempo que se entrevista al testigo, sin embargo, esto depende de las circunstancias. Por ejemplo, el tipo de delito y su gravedad, la capacitación o las preferencias del agente, entre otras. 

Hasta la fecha, la investigación en psicología se ha centrado en mejorar la comprensión de cómo el proceso de la entrevista puede afectar a la memoria del testigo, y qué técnicas se pueden utilizar para mejorar la calidad y la cantidad de información obtenida. 

Actualmente, hay algunas pautas que se siguen, en general, para un desarrollo correcto de la entrevista. Por ejemplo, se intenta fomentar el recuerdo libre, las preguntas abiertas, y limitar las preguntas cerradas al final de la entrevista. Todo esto, mientras se toma nota a mano u ordenador, o se registra, por ejemplo, mediante grabación de audio o vídeo.

En la práctica, un método frecuente de registrar la interacción entre el testigo y el agente se basa en la propia memoria del entrevistador sobre lo que dijo el testigo, y, por lo general, no hay un registro real de las preguntas utilizadas por el entrevistador para obtener el relato, así como tampoco parece ser que haya un registro completamente fiel a lo que dice el entrevistado. 

Algunos expertos, de hecho, han argumentado que las declaraciones escritas son tratadas erróneamente por el sistema de justicia penal como un registro textual de la entrevista, cuando no lo son. 

En un experimento en 1994, se examinó el proceso de toma de declaración y se encontró que las declaraciones escritas por el entrevistador inmediatamente después de la entrevista, contenían sólo ⅔ de la información reportada por el testigo.

En 2011, otro estudio similar, reveló que el 68% de la información proporcionada por el testigo se omitió, y de éste porcentaje, el 40% era información relevante para el delito. 

Este tipo de errores de omisión pueden deberse a la carga cognitiva inherente a la multitud de tareas que constituyen el proceso de toma de declaración, como escuchar de forma activa, formular preguntas previa elección, asimilar la información reportada y, finalmente, tomar notas. 

Usando casos extraídos de distintas fuerzas de seguridad de Reino Unido, la investigación del artículo se centró en examinar la consistencia entre la información de las entrevistas y la declaración escrita resultante. Se pidió a los agentes que grabaran sus entrevistas en vídeo y se recopilaron un total de 15 para el estudio. 

Se formaron una serie de categorías a las que se iba a prestar atención: los detalles consistentes mencionados por el testigo e incluidos en la declaración, las omisiones, las distorsiones, las contradicciones y las intrusiones de información no mencionada. 

Dos sujetos realizarían dos declaraciones escritas de la entrevista, que se compararon más tarde con ella. 

Las 15 declaraciones finales contenían errores. Su contenido divergía del relato verbal original proporcionado por el testigo de varias formas.

El tipo de error más común fueron los errores de omisión, que oscilaron entre el 4,76% y el 51,81%. Después, aparecieron las distorsiones, entre el 1,85% y el 19,28%. Tres declaraciones contenían información contradictoria y sólo dos declaraciones no incluyeron ningún error. 

En esta muestra, por tanto, el producto probatorio (la declaración escrita) nunca fue una réplica exacta de lo que dijo realmente el testigo, salvo en los dos casos mencionados. De hecho, en algunos casos hubo discrepancias considerables entre el relato verbal y el registro escrito, lo cual es peor. 

Esto puede ser, como ya hemos mencionado previamente, por la demanda cognitiva que se asocia a la entrevista. Además, la investigación que examina la memoria para la conversación, ha encontrado que solemos funcionar quedándonos con lo esencial de un discurso, y no con cada palabra. 

Lo que los autores recomiendan para paliar estas carencias es, siempre que sea posible, aprovechar los medios tecnológicos para grabar la declaración, tanto en audio, como en audio y vídeo, y más cuando estamos ante un delito con una víctima especialmente sensible o de una gravedad importante. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Anti-Asian American Hate Crimes Spike During the Early Stages of the Covid-19 Pandemic”, de Han, S.; Riddell, J. R. y Piquero, A. R. (2022), en el que los autores realizan un estudio con informes de la policía de varias ciudades estadounidenses para saber cómo la pandemia de Covid-19 ha afectado a los crímenes de odio que se cometen contra personas de origen asiático en América del Norte. 

Los delitos de odio son una forma distinta y especial de violencia y agresión dirigida a un determinado grupo de personas por su religión, su raza, su género… 

Los académicos han propuesto muchas razones para explicar por qué ocurren. Por ejemplo, algunos argumentan que los eventos críticos de importancia local, nacional o global, podrían afectar a la frecuencia, gravedad y grupo demográfico objetivo de los delitos de odio. Tradicionalmente, se cree que los ataques terroristas, las recesiones económicas, entre otros acontecimientos, contribuyen al aumento de los delitos motivados por el odio. 

Normalmente se dan porque existen una serie de prejuicios hacia un colectivo, que es discriminado, obteniendo entonces una diferenciación de la sociedad en dos grupos: los internos y los externos. 

Los casos recientes de crímenes de odio en Estados Unidos han generado inquietudes sobre el riesgo de victimización de ciertos grupos, como los estadounidenses de origen asiático. 

En marzo de 2020 varios miembros de una familia asiático-estadounidense fueron apuñalados por un hombre porque creía que estaban infectando a las personas con coronavirus. En otro suceso, una mujer de 65 años fue golpeada mientras recibía insultos raciales, en marzo de 2021. 

El inicio de la pandemia de Covid-19 estuvo marcado por acusaciones hacia las personas asiáticas, incluso se llamó a la enfermedad “el virus chino”. 

Los expertos consideran que estas circunstancias favorecieron el aumento de los crímenes de odio y las agresiones a las personas de origen asiático. Además, en Estados Unidos se ha tenido la visión de los asiáticos como extraños permanentes en la sociedad desde hace varias décadas, lo cual podría amplificar las actitudes discriminatorias.

Según el Anti-Asian Hate Crime Report de 2021, los delitos de odio contra la población asiática en Estados Unidos aumentaron, en 2020, un 145% en las 16 ciudades más grandes del país, en comparación con 2019. Además, una encuesta sobre Covid-19 reveló que más del 30% de los encuestados habían visto a alguien culpando a la población asiática por la propagación de la enfermedad. 

En este estudio se examina si el reciente aumento de los delitos de odio contra este grupo poblacional en concreto estuvo relacionado con el inicio de la pandemia de Covid-19 y las medidas que se debieron tomar para paliar los efectos de la enfermedad (quedarse en casa, utilizar mascarillas, etcétera). 

Los datos de este estudio se obtuvieron de la información sobre delitos de odio de varios departamentos de policía de San Francisco, Seattle y Washington D.C., desde enero de 2019 hasta marzo de 2021. 

Se obtuvieron dos hallazgos notables. En primer lugar, tres de cada cuatro ciudades de la muestra experimentaron un aumento dramático en los delitos de odio contra los estadounidenses de origen asiático, mientras que, los delitos de odio en general, tendieron a disminuir. 

Un análisis empírico adicional también reveló que los delitos motivados por el odio contra los estadounidenses de origen asiático aumentaron después de marzo de 2020 cuando las etiquetas como “virus chino” se utilizaron en público por parte de funcionarios políticos. 

Además de la cultura discriminatoria predominante, se considera que las etiquetas que culpan a los estadounidenses de origen asiático por las medidas que se tomaron para frenar los efectos negativos de la Covid-19, contribuyeron a aumentar la violencia hacia ellos. 

También es importante tener en cuenta que el aumento de los delitos de odio contra este grupo de personas no se mantuvo a lo largo del tiempo, sino que fue disminuyendo tras el punto álgido de la pandemia. 

Lo cierto es que los delitos de odio suelen tener una larga historia, y es probable que los eventos significativos desencadenen etiquetas de culpa hacia un determinado grupo de personas. Para abordar los efectos adversos, los expertos en el área y las fuerzas de seguridad deben continuar estudiando los efectos de la pandemia en el bienestar de las personas. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Testing an Evaluation Tool to Facilitate Police Officers’ Peer Review of Child Interview”, de Danby, M. C.; Sharman, S. J. y Guadagno, B. (2022), en el que las autoras proponen un nuevo enfoque para facilitar la buena praxis en los interrogatorios a niños que presuntamente han sido víctimas de abusos sexuales. 

Cuando aparece un caso de abuso infantil, uno de los primeros pasos que toma la policía es realizar una entrevista con el niño

Dado que las evidencias físicas a menudo no existen en los casos de abuso infantil (porque, por ejemplo, es algo que sucedió hace tiempo), la capacidad de los entrevistadores de la policía para obtener información detallada y precisa del menor puede ser vital para los resultados de la investigación. 

Durante las últimas décadas, muchos estudios se han centrado en examinar las técnicas de entrevista para obtener los informes de los niños, y, como resultado, hoy en día existen una buena cantidad de pautas basadas en la evidencia para mejorar las entrevistas y facilitar que los niños proporcionen información completa, precisa y sin influenciar. 

Existe un cierto consenso sobre los elementos clave que constituyen las buenas prácticas de las entrevistas, las cuales, generalmente, se estructuran en fases separadas. 

Tenemos, en primer lugar, la fase de apertura, donde los entrevistadores se presentan al niño y construyen una relación con él, le explican la necesidad de decir la verdad y le comentan cómo funcionará la entrevista. 

Después, se avanza hasta la fase de transición, donde se va cambiando la conversación a temas sustantivos. Esto debe ocurrir de forma no dirigida y los entrevistadores deben evitar introducir detalles sobre el presunto abuso. 

Una vez que se establece el tema de preocupación, los entrevistadores comienzan con la fase sustantiva, en la que se explora a fondo el presunto abuso, usándose preguntas abiertas para que el niño narre libremente lo ocurrido. 

A pesar del acuerdo de los expertos sobre los elementos centrales de las buenas prácticas de las entrevistas, los entrevistadores tienen dificultades para adherirse a ellas a la hora de la verdad. A veces hacen preguntas polémicas o dirigidas para sacar el tema de abuso en la conversación, hacen preguntas inductivas en lugar de abiertas, fallan en aislar y etiquetar lo suficiente los incidentes de presuntos abusos… 

Por ello, se recomiendan cursos y formación específica para aquellos que deben enfrentarse en su vida laboral a este tipo de situaciones, para que se manejen y adecúen lo mejor posible a las buenas prácticas recomendadas.

Una estrategia que ayuda a mejorar y mantener el uso de preguntas abiertas por parte de los entrevistadores después de las capacitaciones, es brindarles retroalimentación continua por parte de expertos. Sin embargo, es una tarea intensa que requiere mucho tiempo.

Una alternativa más factible es la retroalimentación de los pares, que estará más disponible para los entrevistadores con más frecuencia que la retroalimentación de expertos y superiores, y no supone un gran desafío para la carga de trabajo, ya que un segundo entrevistador suele estar presente durante este tipo de entrevistas. El problema, es que los pares a menudo no tienen tanto conocimiento como los expertos. 

En el estudio actual, el objetivo fue probar la precisión de los entrevistadores forenses al evaluar las transcripciones simuladas de una entrevista infantil. Para ello, realizaron dos estudios. El primero, con 56 policías de una jurisdicción; el segundo, con 37 policías de otra jurisdicción diferente. 

Todos completaron un programa de capacitación, de 10 días de duración, en entrevistas forenses infantiles de forma reciente. 

A los participantes se les proporcionó una transcripción de una entrevista forense infantil, y se les pidió que clasificaran cada pregunta planteada en la fase sustantiva (pregunta abierta, facilitadora, principal, con profundidad…). También se les proporcionaron una serie de pautas de buenas prácticas que ellos debían comparar con la transcripción. 

En el caso del primer experimento, los participantes fueron menos precisos al evaluar las transcripciones que mostraban una adherencia mixta a las buenas prácticas. Algunos estudios previos mencionan cómo las transcripciones mixtas son especialmente difíciles de evaluar. En la revisión de la fase de transición también hubo menor precisión de la esperada.

Los participantes del segundo estudio también fueron menos precisos al revisar las fases inicial y sustantiva, mostrando una adhesión mixta a las mejores prácticas. 

Una razón por la que los participantes pueden haber obtenido los resultados, según proponen los autores, es la naturaleza rígida de la lista de verificación que se utiliza en muchas ocasiones como herramienta de evaluación. Esta lista obligó a los participantes a seleccionar respuestas dicotómicas, y es posible que, en la realidad, no sea tan sencillo como elegir entre blanco o negro. 

Los autores proponen, por tanto, que la investigación debe centrarse en desarrollar y probar herramientas que sean más flexibles que una lista de verificación dicotómica. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Female Forensic Patients May Be an atypical sub-type of Females Presenting Aggressive and Antisocial Behavior” de Hodgins, S. (2022), en el que la autora recopila información perteneciente a literatura previa sobre las mujeres que se encuentran en tratamiento psiquiátrico forense y centra su atención en los rasgos antisociales y agresivos.

En la mayoría de países, hay menos mujeres tratadas en los servicios psiquiátricos forenses que hombres, y menos son encarceladas en prisiones. 

Algunas personas señalan que esto ocurre porque hay un menor comportamiento agresivo y antisocial (de ahora en adelante, CAA) en las mujeres que en los hombres; sin embargo, no todos los expertos apoyan esta idea porque los estudios no son concluyentes. 

Por ejemplo, en un estudio donde se analizó a aproximadamente 1.000 individuos adultos, hombres y mujeres, el 7,5% de ellas y el 10,5% de ellos presentaban conductas antisociales y agresivas, que comenzaron en la infancia y se mantuvieron hasta la edad adulta. La diferencia no es significativa. 

Para comprender mejor la situación de estas mujeres y las características de su salud mental, la autora revisa artículos ya publicados sobre ello. 

Un estudio holandés utilizó una muestra de 275 pacientes forenses, mujeres, en torno a los 30 años. Antes de haber ingresado como pacientes, el 54% había sido condenada por algún delito y el 88% había sido tratada previamente por otros servicios de psiquiatría

Tres cuartas partes de ellas habían sufrido maltratos en la infancia, en algunos casos prolongados hasta la edad adulta. 

Los delitos por los que habían llegado al centro psiquiátrico forense incluían homicidio (más del 50%), incendios provocados, otros delitos violentos, delitos contra la propiedad y violencia sexual. 

Los diagnósticos que habían recibido eran esquizofrenia (en un 32,9%), trastorno de uso de drogas, depresión, trastorno de estrés postraumático y trastorno límite de la personalidad. 

78 de las mujeres de este estudio fueron seguidas durante 3 años después de recibir el alta. Muy pocas reincidieron, de ellas, sólo 6 fueron condenadas por delitos violentos en estos 3 años inmediatamente posteriores al alta. 

Otro estudio, este realizado en Ontario, Canadá, analizó todos los casos de psiquiatría forense desde 1987 a 2012, de personas que fueron declaradas no responsables penalmente por trastorno mental. El 14% eran mujeres. El 91% de ellas habían sido atendidas previamente en servicios psiquiátricos y el 36% habían sido condenadas por algún delito. 

Además, el 13% de ellas se encontraba en una situación precaria, viviendo en la calle, y el 21% estaban desempleadas. 

Por lo tanto, todo esto sugiere que las pacientes psiquiátricas forenses femeninas presentan trastornos mentales que incluyen disfunciones emocionales, cognitivas, y bajos niveles de funcionamiento psicosocial. 

Entre las mujeres que presentan CAA, es necesario mencionar que muchas de ellas no son procesadas por el sistema de justicia penal. 

En un estudio con 96 niñas y adolescentes que acudieron a una clínica buscando ayuda por abuso de sustancias, el 44,8% de ellas informó haber participado en algún acto violento (peleas callejeras, golpear a alguien, portar armas…). Casi dos tercios de estas niñas, y el 34% de aquellas que no habían sido violentas, fueron diagnosticadas con un trastorno de conducta. 

Las comparaciones de los casos de cada una de las niñas, mostró que aquellas que habían participado en actos violentos tenían cuatro veces más probabilidades de tener un trastorno por consumo de drogas y tres veces más propensas a sufrir abusos físicos y sexuales. Es decir, tenían significativamente más factores de riesgo. 

Se siguió a las niñas que participaron en este estudio durante 5 años, y aunque no cumplían con todos los criterios de un trastorno de personalidad antisocial, sí tenían una conducta más violenta que las mujeres sanas. 

Esto sugiere que tanto en la adolescencia como en la edad adulta, las mujeres con un trastorno de conducta previo tienden a mostrar niveles más altos de rasgos psicopáticos, como la agresividad, y algunos rasgos del trastorno de conducta antisocial. 

Así, se han identificado algunos factores a los que es importante prestar atención desde la infancia para prevenir y tratar estos trastornos, como un bajo rendimiento académico, la aparición de rasgos psicopáticos…, pero no conductas agresivas y antisociales, por lo tanto, esto es algo que ha permanecido oculto a la vista.

Es importante destacar que los problemas de conducta y determinados rasgos emocionales en los jóvenes pueden predecir la criminalidad. 

Además, se ha relacionado en varios estudios a la esquizofrenia y el trastorno límite de la personalidad con la conducta agresiva y antisocial en los casos de mujeres que se encuentran en tratamiento psiquiátrico forense. 

La autora propone prestar especial atención a los primeros años de las niñas, ya que muchos problemas de salud mental tienen su origen en una crianza dura, poco eficaz, o un entorno primario problemático.  

Aunque el trastorno de conducta agresiva y antisocial sea difícil de observar, las consecuencias para las niñas y su entorno son brutales y destructivas. 

Así, la autora recomienda centrar los esfuerzos en la prevención y el tratamiento de aquellas mujeres que ya sufren estos problemas. Por ejemplo, intervenir en campañas de prevención del uso de sustancias, del embarazo adolescente o de la agresividad en general. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Mechanisms for protecting children’s rights and the role of psychological services in the juvenile justice system of Russia against the background of international practices”, de Orsayeva, R.; Vasyaev, A. y Shestak, V. (2022), en el que los autores realizan un análisis crítico de la situación actual del sistema penal y procesal penal en Rusia aplicado a menores de edad.

La protección de los derechos del niño sigue siendo uno de los desafíos más graves a los que se enfrentan las sociedades modernas. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la sociedad para mejorar la protección de la infancia, no se han resuelto las estrategias dirigidas a algunos temas, como las intervenciones de los jóvenes en el sistema penal o la prevención para que éstos no sufran violencia y abandono por parte de sus familias. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por todos los países europeos y ha ayudado a fortalecer la cultura de la protección del niño. Sin embargo, los resultados obtenidos no son los esperados. 

Además, en la justicia juvenil, las violaciones de los derechos del niño son omnipresentes, y parece ser que en la última década ha habido una regresión en lugar de avances o estancamientos. Esto puede explicarse porque, quizá, la sociedad no sabe con exactitud cómo los derechos del niño pueden contribuir a una mejora del sistema judicial juvenil.

En cuanto a la protección de los derechos del niño y el sistema de justicia juvenil en Rusia, existe un problema de discrepancia entre los derechos declarados por ley y los derechos que se aplican de forma efectiva.

Un tema aparte es el factor de las características y problemas psicológicos de los adolescentes en el sistema de justicia. En los últimos 10 años, sólo en EEUU, el porcentaje de jóvenes que habían tenido contacto con el sistema penal y que, además, poseían problemas de salud mental, ascendía al 70%. 

El objetivo de este estudio es analizar el estado y la eficacia de los mecanismos de protección de los derechos del niño en Rusia, para comparar con las leyes de otros estados, haciendo lo mismo con el sistema de justicia juvenil. También se revisa brevemente la problemática de la salud mental en los jóvenes que entran en contacto con este sistema. 

En el ámbito legal, hay muchas discusiones sobre los aspectos negativos de la justicia juvenil y su implementación en Rusia. 

El principal aspecto negativo es el control estatal final sobre la familia. Los trabajadores de justicia juvenil están autorizados para alejar al niño de su familia cuando los padres son acusados de abuso, incapacidad de proporcionar una nutrición adecuada, tienen una situación financiera inadecuada, entre otros. 

Por lo tanto, la sociedad está asustada por el hecho de que las familias pueden verse privadas de sus hijos, ya que hay una gran cantidad de ellas que viven en situación de pobreza. 

Sin embargo, estos temores son exagerados. El objetivo de la justicia juvenil simplemente busca ser una garantía de los derechos básicos del niño y sólo se tomarán medidas cuando haya pruebas de esas acusaciones

Además, en Rusia, el sistema de justicia juvenil se basa en las opiniones subjetivas de los representantes de sus órganos, por tanto, en un número significativo de casos, los tribunales no satisfacen las solicitudes de internamiento en un centro de detención juvenil. Además, no hay una evaluación psicológica profesional en el tribunal, y bien es sabido que, en base a éstas, se planifican y organizan medidas sociales y psicológicas encaminadas a maximizar el éxito del desarrollo del menor. 

Con respecto al problema de la salud mental, numerosos estudios confirman que una proporción significativa de jóvenes del sistema de justicia juvenil sufren de un trastorno mental diagnosticable. Según los datos disponibles en Rusia, entre los delincuentes adolescentes, el número de personas con trastornos mentales es de mínimo el 50% de los casos. 

Los autores proponen que la prioridad del sistema debe ser dedicar recursos a los programas sociales destinados a la prevención de la delincuencia juvenil, además de proporcionar oportunidades a quienes son propensos a delinquir. Es de suma importancia apoyar tanto a la policía y las demás autoridades, como a los programas dirigidos a personas en riesgo. 

El personal escolar, los servicios sociales, las organizaciones sin ánimo de lucro y la sociedad, están obligados a hacer un gran esfuerzo. 

Es mediante el ejercicio de todos los poderes que se podrá mantener la integridad del sistema de justicia juvenil mientras se brindan alternativas apropiadas a los menores que no pueden o no quieren obtener asistencia. 

Además, para terminar de desarrollar una justicia justa, los autores creen que Rusia debe ir más allá del concepto legal de justicia, y cambiar a uno que pueda combatir las desigualdades de cualquier tipo, ya sean de naturaleza criminal o social. Esto sería particularmente importante en el contexto de la juventud, ya que se ven afectados por políticas injustas, según comentan los autores. Este sería el enfoque de justicia social que consideran puede señalar el camino a seguir. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Crimes and sentences in individuals with intellectual disability in a forensic psychiatric context: a register-based study”, de Edberg, H.; Chen, Q.; Andiné, P.; Larsson, H. y Hirvikoski, T. (2022), en el que los autores realizan un estudio para conocer cuáles son los delitos cometidos por personas con discapacidad intelectual y su comparación con los cometidos por personas con un desarrollo intelectual típico.

Las personas con discapacidad intelectual que cometen delitos tienen un estatus judicial, unas características y unas necesidades que preocupan en la mayoría de países desarrollados. 

Estas personas constituyen un grupo importante, pero, aún así, pequeño y no bien reconocido. La prevalencia de la discapacidad intelectual (de ahora en adelante, DI) diagnosticada en la población general es de aproximadamente un 1%, y aquellos que cometen delitos penales constituyen un pequeño número de ese porcentaje. 

Si las personas con DI tienen o no un riesgo mayor de cometer delitos, es algo que no está claro según la literatura actual. Hay expertos que apoyan la idea y otros que la descartan, ya que no se ha podido confirmar.

En los últimos años se han propuesto varios patrones en cuanto a la tipología de los delitos cometidos por personas con DI. Varios estudios han señalado un mayor riesgo de conductas sexualmente inapropiadas y, por tanto, de ofensas sexuales. 

Esta generalización, sin embargo, debe estudiarse, ya que las muestras utilizadas para estos estudios han sido pequeñas y las definiciones propuestas de la discapacidad intelectual, inconsistentes. 

La mayoría de países desarrollados tienen una legislación penal en la que los infractores no serán responsables de sus crímenes si sufren algún tipo de patología mental, y cumplen ciertas condiciones. Se consideran, por ejemplo, incapaces de comparecer en el juicio, o no culpables por demencia. 

Satisfacer las necesidades especiales de estas personas, proporcionarles una rehabilitación adecuada y combinar ésto con la seguridad pública, es una tarea complicada para la que se necesita una pluralidad de opciones. Los autores sostienen que ni las órdenes penitenciarias ni las hospitalarias son ideales. Las sanciones y medidas comunitarias, definidas como sentencias no carcelarias, como, por ejemplo, la libertad condicional, han aumentado continuamente en los países europeos. Sin embargo, la prevalencia de personas con DI en los sistemas penitenciarios se encuentra aproximadamente en un 2-10%. 

Suecia (el país contexto de este estudio) considera que los delincuentes con trastornos mentales graves pueden ser considerados responsables de sus acciones. Sin embargo, el tribunal puede imponer una evaluación psiquiátrica forense previa al juicio para decidir si un delincuente sufre un trastorno mental severo, y así sentenciarlo a recibir atención psiquiátrica forense en lugar de ir a prisión. 

El objetivo principal de este estudio fue estudiar la tipología de delitos en personas con DI y sin DI que estaban sujetas a una evaluación psiquiátrica forense previa al juicio, en el contexto sueco. 

El estudio fue observacional y basado en registros de todas las personas sujetas a evaluación psiquiátrica forense en Suecia desde el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de mayo de 2013. La población del estudio final fue de 7.450 individuos. 

Los delitos se clasificaron en cuatro categorías: delitos sexuales, delitos violentos, delitos violentos no sexuales y delitos no violentos no sexuales. 

Los delitos sexuales incluían la violación, la coerción sexual, el abuso de menores, el exhibicionismo, el acoso sexual, la pornografía infantil, entre otros. 

Los delitos violentos incluían homicidios, asaltos, robos, incendios provocados, amenazas ilegales o intimidación…. 

Los delitos violentos no sexuales excluyeron todos los delitos sexuales de la categoría de delitos violentos.

Por último, en los delitos no violentos no sexuales se incluyeron todos los que no entraban dentro de las categorías anteriores. 

Los resultados indicaron que los delitos sexuales fueron más comunes entre las personas con DI que sin DI. El 26% de los delincuentes con DI había cometido un delito sexual, en comparación con el 15% en el grupo sin DI. Los delitos violentos fueron igualmente frecuentes entre ambos grupos.

Se han propuesto varias explicaciones posibles a estos datos. Por ejemplo, la falta de conocimiento y educación sexual. Se ha demostrado que las personas con DI tienen niveles más bajos de conocimiento sexual que sus pares sin DI, planteando el tema de la educación sexual como medida preventiva de este tipo de delincuencia. 

Por otro lado, aparece la hipótesis del modelado como resultado de un abuso sexual previo. Surge de la idea de que la victimización previa es una circunstancia común entre los agresores sexuales y, además, las personas con DI tienen mayor riesgo de ser víctimas de este tipo de delitos. 

También aparece la falta de integración social, estrechamente relacionada con la idea de que los delincuentes sexuales en general, pueden carecer de una identidad prosocial. 

Los autores proponen invertir recursos y tiempo en programas de tratamiento estructurados y especializados para estas personas, además de investigar sobre las formas de rehabilitación y habilitación de la atención psiquiátrica forense que reciben. 

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Amigos del Club de Ciencias Forenses, esta semana presentamos el artículo “Juvenile Homicide Offenders Look Back 35 years later: Reasons They Were Involved In Murder” de Heide, K. M. (2020), en el que la autora realiza una serie de entrevistas con personas que, en su juventud, fueron encarceladas por cometer asesinatos, para investigar cuáles son las causas que les llevaron a ello, según la opinión de los propios ex delincuentes.

El homicidio cometido por jóvenes y el trato posterior de la justicia con éstos, ha sido un tema controvertido y al que los expertos le han prestado atención especialmente desde el pasado siglo.

Cuando los jóvenes se involucran en delitos violentos, especialmente asesinatos, la sociedad se pregunta por qué y qué se debe hacer con ellos.

En el contexto de Estados Unidos hay dos períodos en los que los asesinatos cometidos por menores aumentaron. El primero se dio entre 1960 y 1975, cuando los arrestos a menores por asesinato y homicidio aumentaron un 200%. La segunda etapa se dio entre 1984 y 1993, donde los arrestos a menores pasaron de ser 1.004 a 3.284. Además, de estos arrestos, el porcentaje de homicidios pasó del 7,3% al 16,2%.

Este aumento significativo en la participación de menores en asesinatos ocurrió, además, en un momento en que la población juvenil estaba disminuyendo.

Los expertos advirtieron a la nación que esperara una ola de jóvenes superdepredadores y pronosticó que habría una escalada continua en los asesinatos de menores en los próximos años.

En respuesta a este fenómeno, en Estados Unidos se aprobaron una serie de leyes a finales de los años 80 y durante los años 90 que facilitaban la transferencia de menores involucrados en delitos graves como el asesinato, a la corte de adultos.

Los menores condenados en el sistema de justicia penal para adultos durante ese período, al igual que éstos, estaban sujetos a la pena de muerte, cadena perpetua sin libertad condicional y largas penas de prisión.

En el siglo XXI, los tribunales de Estados Unidos reconocieron que los menores tienen un desarrollo diferente al de los adultos. Debido a que sus cerebros no están completamente desarrollados, están menos equipados para evaluar situaciones de forma crítica y tienden a ser más impulsivos. También son más vulnerables a la presión de sus compañeros y tienen una capacidad limitada para librarse de entornos desfavorables en sus hogares o sus barrios.

Algunos expertos investigaron qué ocurría con estos jóvenes una vez que unos años habían pasado desde el crimen cometido. Los que habían salido de prisión ¿habían reincidido? Los que no habían salido ¿habían reincidido dentro de prisión?

Vries y Liem realizaron un seguimiento a 137 jóvenes condenados por homicidio que ingresaron en centros de menores en los Países Bajos. El seguimiento se realizó durante un período entre 1 y 16 años. El 59% fue condenado de nuevo por otros delitos, entre ellos, más asesinatos.

Estos autores consideraron que la edad del primer arresto, la edad en el momento del homicidio, la cantidad de delitos anteriores y las relaciones con amigos delincuentes, eran factores predictivos significativos.

Para analizar la reincidencia, las impresiones con respecto a sus crímenes y otros factores, la autora decidió llevar a cabo una serie de entrevistas con personas que formaban parte de la muestra de uno de los estudios de Heide.

Heide realizó cinco estudios de seguimiento de un grupo de jóvenes masculinos condenados por asesinato, intento de asesinato u homicidio. Estos jóvenes habían sido juzgados en tribunales para adultos con las consecuentes penas.

En el momento de redacción de este artículo, estos jóvenes contaban ya con algo más de 50 años, ya que habían pasado 35 años desde el primer estudio. Se les realizaron entrevistas semiestructuradas con preguntas abiertas y cerradas acerca de sus experiencias en prisión, sus experiencias posteriores a su liberación, la reincidencia, y se les preguntó cuáles creían que eran las razones por las que se habían metido en problemas.

Un factor se destacó como la razón más importante. El 70% de los participantes identificaron la presión de los amigos como el factor con mayor influencia en su participación delictiva. Más del 50% dijeron que los factores más importantes fue la adicción a las drogas, además de convivir con el crimen diariamente en sus barrios.

Esto es coherente con la teoría subcultural y la teoría de la desorganización social.

Sólo un tercio de los entrevistados dijeron que actuaron de forma impulsiva. Debemos recordar que la impulsividad es un rasgo muy significativo de la psicopatía y un factor principal en la teoría del autocontrol del crimen, que a veces también se denomina teoría general del crimen.

Dentro de las limitaciones del estudio, los autores señalan que se debería reducir el periodo de seguimiento, ya que algunos sujetos que participaron en el estudio original ya habían muerto cuando se realizaron estas entrevistas.

Proponen disuadir a los jóvenes rehabilitados de regresar a sus antiguos barrios, particularmente si sus hogares se encontraban en comunidades donde el crimen era común. También se recomienda que no se asocien con sus viejos amigos si éstos continúan en este ambiente.

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